Por los universitarios honestos

Eduardo Flores Castro

Es lamentable que precisamente en el año de conmemoración del 75 aniversario de la Universidad de Panamá, afloren actos de corrupción repudiables cuando debiera ser nuestra Universidad portaestandarte de modelos y lecciones de ética, capaz de encabezar un movimiento por una cultura de honestidad.

Las publicaciones en medios de comunicación revelan que en la Universidad de Panamá hay confesos y probados actos de corrupción, lesión patrimonial, tráfico de influencia, apropiación indebida de bienes, poca transparencia y negligencia administrativa en la protección del patrimonio universitario.

Entre las graves irregularidades, que han salido a la luz pública, podemos señalar: el desvío de fondos públicos a ONG, ventas ilegales de autos de la Universidad, robos de equipos e insumos del taller mecánico, transferencia de piezas de autos de la Universidad a autos particulares de autoridades, robos de equipos de enseñanza y de laboratorios, licitaciones amañadas y tráfico de influencia para favorecer a ciertas empresas.

Todo ello, ha dejado una sombra de dudas y un sentimiento de indignación y vergüenza en todos los estamentos de la institución. Para salvaguardar la autoridad moral de la primera universidad del país, el Ministerio Público y la Contraloría, con la cooperación de las autoridades universitarias, deben investigar para que sean sancionados todos los implicados en los delitos reconocidos y denunciados, sin distinción de jerarquía.

El Rector debe entregar a la sociedad panameña una rendición de cuentas sobre el manejo de las partidas presupuestarias para el funcionamiento, la inversión y la autogestión, y aclarar a que empresas se les han adjudicado licitaciones, contrataciones y cuales empresas son proveedoras de la Universidad de Panamá.

De igual forma, se deben revelar los niveles de parentesco o relaciones de amistad que tienen los dueños de estas empresas con autoridades universitarias.

Este informe es obligante porque la comunidad nacional tiene el derecho de conocer cómo se administran los recursos públicos.

Estos actos que nos llenan de vergüenza, son una prueba más de porque son perjudiciales las reelecciones de las autoridades en las instituciones públicas. Cuando los que administran se reeligen, se corre el riesgo que los sistemas de control se relajen y los procesos que deben ser evidentemente modificados se vea como normal y cotidiano.

Esto no es conveniente para nadie, ni siquiera para las autoridades universitarias, ya que hay un principio ineludible en la administración pública: “Se delegan funciones pero no responsabilidades”.

El reconocimiento de prácticas de corrupción en la Universidad es prueba suficiente para anular la sanción impuesta al profesor Jaime Turner, causada por la denuncia de delitos penables. De nuestra parte hacemos pública nuestra demostración de desagravio a este docente universitario.

Además, debemos señalar que es lamentable que el Rector diera a conocer estos actos de corrupción después que los medios lo publicaran. Estoy seguro que interpreto el sentir de la gran mayoría de los profesores y administrativos que laboran de manera honesta y honrada en la Universidad de Panamá.

De igual forma, este sentimiento de hacer justicia sin excepción, para que se castigue a los corruptos, es compartido por los miles de estudiantes, egresados y amigos de la Primera Institución de Educación Superior, que sienten orgullo de formar parte de la Casa de Méndez Pereira.

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