Las tierras de Ciencias Agropecuarias

Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Como docente de la Universidad de Panamá expreso mi mayor solidaridad con el justo reclamo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes exigen la pronta adquisición de tierras aptas para la docencia, la investigación y sus prácticas académicas. El gobierno nacional y las altas autoridades universitarias tienen el deber de dar inmediata solución a esta justa demanda, con una finca que reúnan las condiciones y con un proceso de absoluta transparencia.

Resulta inaceptable el daño irreparable que se le ha hecho a la formación de los profesionales de las ciencias agropecuarias, a causa de la ineficiente administración de las autoridades universitarias. Hasta el 2012, se contaba con la Granja Universitaria de Tocumen de unas 300 hectáreas con equipos, animales y cultivos que aseguraban la calidad educativa. Sin ninguna previsión este centro especializado se clausuró por su venta, quedando los estudiantes sin esta imprescindible área de enseñanza experimental. No está demás señalar, que la carrera de Producción Animal, que hacía sus prácticas en estos terrenos, era la única carrera que contaba con reconocimiento internacional.

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá aprobó, en el 2012, vender por 109 millones de dólares, estas tierras para una proyectada ampliación del Aeropuerto de Tocumen. El rector ha señalado, en reiteradas ocasiones, que fueron forzados a proceder con la venta. Sin embargo, nadie recuerda que como respuesta a la presión del Órgano Ejecutivo, las autoridades hayan concitado a la comunidad universitaria a defender el patrimonio y la autonomía de la Universidad de Panamá. Estoy seguro que si hubieran hecho el llamado, todos los universitarios y la sociedad habríamos dado nuestro respaldo a la defensa de nuestro patrimonio.

Si era inevitable la venta de ese valioso patrimonio, entonces la elemental gestión administrativa debió condicionar la venta, a que sólo se saldría de estos predios, cuando estuviesen garantizadas tierras con igual o mejores condiciones, de manera que no afectara la continuidad de la calidad formativa de los estudiantes.

Esta deplorable situación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, debe servir para debatir sobre la pérdida del patrimonio de la institución. Debemos alertar que terrenos importantes en Tocumen, han sido alquiladas, por las autoridades universitarias, a una empresa por una suma irrisoria de dinero y por un plazo irracional de tiempo. Además, en Río Hato también se vendieron varias decenas de hectáreas por una suma mínima, cuando ya se sabía que estos terrenos aumentarían su valor muy rápidamente.

Considero que es pertinente establecer una norma legal que exija la realización de un referendo universitario, para autorizar a las autoridades y los órganos de gobierno universitarios vender el patrimonio en tierras, acumulado por años.

Sin embargo, en este momento lo prioritario es resolver el problema de nuestros estudiantes que no cuentan con terrenos para su formación académica, que producto de una administración central irresponsable, les ha cercenado este derecho.

Es lamentable que esta afectación a la formación académica, añada un aspecto más a la crisis del sector agropecuario; cuando nuestra universidad debería estar dictando pautas para el diseño de un plan estratégico de reconversión agropecuaria que asegure la soberanía alimentaria de nuestro país.

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