Crisis del modelo de gestión en la Universidad

Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Es lamentable que la Universidad de Panamá esté sumergida en la más severa crisis estructural de sus 80 años de existencia. Esta crisis tiene su cruda expresión en el aislamiento nacional y social de su administración central, encabezada por el rector. Es un hecho sin precedentes, que diversos sectores sociales y gubernamentales reclaman una investigación imparcial y exhaustiva de la gestión del actual rector.

La Universidad desde su fundación ha tenido enemigos históricos, que no admiten el carácter popular y la autonomía especial que goza desde su consagración en la Constitución Política de 1946, y que sucesivas generaciones hemos salvaguardado. Pero lo que no es correcto ni aceptable, es utilizar la autonomía como escudo, para evitar que se realicen las investigaciones o para no cumplir los fallos de nuestro sistema judicial. Hacer esto, es poner en peligro la institucionalidad de nuestra Primera Casa de Estudios.

Más allá de la persona del rector, estamos ante el agotamiento de un modelo de gestión universitaria, excesivamente personalista, centralista, reeleccionista, clientelista, enclaustrada y aislada; sin efectiva transparencia y sin una real rendición de cuentas. Este modelo, impide el desarrollo de las inmensas capacidades académicas de nuestra universidad y el aporte que debe darle al país. En contrapartida, urge una renovación total que desarrolle un proyecto de universidad democrática, participativa, con absoluta libertad de expresión, con calidad y pertinencia social, y sobre todo que refuerce la autonomía mediante una efectiva transparencia y rendición social de cuentas.

La reelección institucionalizada desde 1994 le ha hecho daños irreparables a la Universidad, pues ha impedido el relevo y la alternabilidad en los altos cargos, ha politizado la vida universitaria, subordinando lo académico al afán obsesivo reeleccionista. Ha arraigado un repudiable clientelismo ajeno a la naturaleza académica y ha degradado la democracia interna convirtiendo las elecciones en competencias desiguales y antidemocráticas.

Se ha prohijado un régimen autoritario donde no hay democracia participativa y garantías para el ejercicio de la libertad de disentir. Los docentes, administrativos y estudiantes convivimos en un ambiente de temor generalizado. Inclusive el actual sistema de evaluación del desempeño docente es un instrumento punitivo que amenaza la estabilidad y no contribuye en lo absoluto al logro de la excelencia de académica. Hoy es necesario rescatar la libertad de disentir y el estado de derecho en la Universidad. Que nadie sea perseguido por sus preferencias electorales o por críticas a las autoridades.

La peor defensa que se hace de la autonomía universitaria es propiciar la desvinculación y la pérdida de autoridad ante la sociedad o dejar dudas sobre la transparencia e integridad; por lo contrario, la deslegitima desde adentro. La moderna autonomía de las universidades estatales se defiende cuando comprendamos que la sociedad demanda el compromiso de ser conciencia crítica y propositiva, asumamos un papel participativo en la vida nacional y mejoremos nuestra pertinencia social académica.

Debemos advertir que las consecuencias que gravitan sobre la Universidad son mayormente responsabilidad del rector. La comunidad universitaria y nacional claman por una rectificación, entendiendo que la institución está por encima de los intereses de las personas que la dirigen, que al final son transitorias.

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