Ruta energética para Panamá

Eduardo Flores Castro / Catedrático de la Universidad de Panamá.

El agotamiento de las reservas de petróleo es un hecho y, a pesar de que se encuentren otras formas de extracción de las entrañas de nuestro planeta, la contaminación que sus derivados producen lo hacen una alternativa energética no sustentable. Toda política energética se inicia por la toma de conciencia del Gobierno y la sociedad sobre la gravedad del problema. La posibilidad de utilizar nuestra posición geográfica para convertirnos en Centro Energético Regional, es viable, siempre que redunde en una energía más limpia y barata para la población, y no con el objetivo de aumentar el mercado de las grandes transnacionales de la energía.

Si bien es cierto que las hidroeléctricas son fuentes no contaminantes de energía, se tiene que normar el número máximo de hidroeléctricas que se pueden construir en un río y legislar con criterio científico sobre el caudal ecológico. Las hidroeléctricas que se construyan deben ser de tamaño medio, con un área de embalse que no creen afectaciones y con una apropiada compensación ambiental y socioeconómica a la población afectada. Además, las futuras hidroeléctricas deben ser construidas y administradas por el Estado.

En la actualidad, el 15% de las familias panameñas no cuentan con energía eléctrica. Esto se debe a que no se ha ampliado significativamente la red de distribución eléctrica. Crear nuevas líneas de transmisión para garantizar el futuro energético debe estar acompañado por vías de acceso hacia las comunidades y programas de desarrollo socioeconómico de estas áreas. En estos lugares es altamente rentable el aprovechamiento de nuestra potencialidad eólica y solar.

Debemos capacitar a nuestros productores del campo, para que utilicen biocombustible, haciendo uso de las excretas de sus animales. En la actualidad, el 15% de las familias panameñas utilizan leña para preparar sus alimentos. Se hace necesario reforzar el manejo sustentable de la leña, a través de los programas de siembra de árboles de crecimiento rápido.

Es urgente modernizar la empresa estatal de generación eléctrica EGESA y ampliar la capacidad a fuentes alternas de energía no contaminantes. El transporte es el mayor consumidor de petróleo, por lo que una de las medidas que habrá que tomar será la de incentivar el uso de motores de bajo cilindraje y eficientes.

Se debe motivar a que en los diseños de viviendas y edificios se tome en cuenta la eficiencia energética. Así como estimular el uso de focos LED y fluorescentes, exonerándolos de impuesto. Hace falta una ley que establezca que los acondicionadores de aire de las instituciones públicas se sitúen como mínimo en 24ºC. Un acondicionador consume 7% menos energía por cada grado Celsius más alto al que se le ajuste.

Se hace necesaria una revisión integral de las leyes y normativas relacionadas con el mercado energético en Panamá, con el fin de que los precios de cobro al consumidor sean justos y que las ganancias de las empresas sean razonables. Además, se debe estimular que los ciudadanos y las empresas instalen panales solares y aerogeneradores para su consumo, pero para esto se requiere flexibilizar y estimular estas iniciativas en nuestra legislación.

Para motivar proyectos de innovación tecnológica que mejoren la eficiencia energética, se requiere que un porcentaje del presupuesto de nuestras universidades esté dirigido exclusivamente a la investigación. La Senacyt, en coordinación con las universidades, debe establecer programas de becas, a nivel de grado y postgrado, para capacitar a los profesionales relacionados con la cuestión energética que el país necesite.

La Secretaría de Protección al Consumidor, en coordinación con las universidades, debe establecer un Centro de Eficiencia Energética, en el que se mida la eficiencia de todos los aparatos de venta en la República, y se creen incentivos fiscales para los más eficientes. Finalmente, como parte del compromiso social de las empresas involucradas en el mercado eléctrico, se debe establecer una tasa especial del precio del kilowatt/hora, para todas las universidades públicas del país.

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